Frente común: Ábalos se alinea con Koldo y solicita que el ‘caso mascarillas’ se juzgue en la Audiencia Nacional

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que el procedimiento judicial relacionado con la presunta trama de contratos de mascarillas durante la pandemia sea asumido por la Audiencia Nacional (AN). La petición se formaliza a través de una cuestión de competencia presentada por su defensa, en línea con la estrategia procesal impulsada por su exasesor Koldo García.

El movimiento llega después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya incorporado nuevas referencias en un informe que menciona a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, ampliando el foco de la investigación.

La clave: evitar “duplicidad” de procedimientos

En el escrito dirigido a la Sala de lo Penal del Supremo, el abogado de Ábalos, Marino Turiel, sostiene que el último informe de la UCO evidencia que el exministro continúa siendo objeto de investigación, aunque formalmente el nuevo documento se centre en Pardo de Vera.

La defensa argumenta que el núcleo de las pesquisas sigue siendo la contratación de mascarillas durante la pandemia, cuando Ábalos ostentaba la cartera de Transportes, y que existe una identidad sustancial de hechos y personas investigadas en las causas que se tramitan tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional.

Según el letrado, esta coincidencia podría suponer una vulneración del principio jurídico de “non bis in idem”, que impide juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos.

Petición de paralización y regreso a la fase de instrucción

La defensa plantea que, ante las novedades introducidas por el informe policial, el procedimiento debería volver a la fase de instrucción para integrar los nuevos elementos y evitar fragmentaciones procesales.

En caso de no producirse esa reapertura, Ábalos solicita que el Supremo se inhiba en favor de la Audiencia Nacional, al considerar que allí se estarían investigando los mismos hechos, el mismo periodo temporal y a las mismas personas, incluidos el propio Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Turiel insiste en que mantener causas paralelas rompería la coherencia procesal y pondría en riesgo garantías fundamentales.

Adhesión al escrito de Koldo García

Ábalos se adhiere “en toda su extensión” al escrito presentado por la defensa de Koldo García, quien ya había solicitado que el caso se remitiera a la Audiencia Nacional. La representación de García sostiene que el Supremo acordó abrir juicio oral mientras la AN continúa investigando los mismos hechos, lo que, a su juicio, genera una situación de inseguridad jurídica.

En febrero, durante una vista previa, la defensa del exasesor ya planteó esta cuestión ante los magistrados, argumentando que la duplicidad de procedimientos vulneraría principios básicos del derecho penal.

El papel de Pardo de Vera y los mensajes con Koldo

El nuevo informe de la UCO señala que Isabel Pardo de Vera intercambió mensajes con Koldo García antes de la adjudicación del contrato de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, situada en el epicentro de la presunta trama.

Según los investigadores, estos intercambios permitirían “inferir” que García intervino en la selección de la empresa adjudicataria y que, a través de esa gestión, el contrato terminó formalizándose.

Para la defensa de Ábalos, estas referencias demostrarían que existen nuevos sujetos con posible relevancia en los hechos, lo que reforzaría la necesidad de una única causa y evitaría, según su planteamiento, una “selección arbitraria de imputaciones”.

Alegaciones sobre el derecho de defensa

El escrito también incluye una queja por la no devolución de dispositivos electrónicos y teléfonos móviles intervenidos en el marco de la investigación. La defensa sostiene que esta situación afecta al derecho de defensa, especialmente teniendo en cuenta la difusión pública de parte de esos contenidos en medios de comunicación.

Ábalos solicita que se permita la declaración de nuevos investigados si procede y que se restituya el material intervenido para poder articular adecuadamente su estrategia jurídica.

La decisión final corresponde ahora al Tribunal Supremo, que deberá valorar si existe efectivamente una identidad sustancial entre los procedimientos y si procede la inhibición en favor de la Audiencia Nacional.